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sábado, mayo 04, 2013

“Es necesario sanar la división del pasado y establecer una sociedad basada en valores democráticos y justicia social para todos los bandos y sectores”. La frase resume el espíritu incluyente y propositivo que tuvo el foro político que organizaron la Universidad Nacional y Naciones Unidas hasta este miércoles, por petición de los negociadores del Gobierno y las FARC que adelantan conversaciones en La Habana, para encontrar una salida negociada al conflicto colombiano.

La idea la dijo Brian Currin, especialista en transformaciones políticas, que participó en el diseño de la Comisión de Verdad y Reconciliación en Sudáfrica tras el apartheid —uno de los panelistas internacionales, invitado para hablar sobre su experiencia—. La frase la pudo haber dicho cualquiera de los asistentes, que reconocieron que en Colombia es necesario terminar la guerra para debatir las diferencias políticas en democracia, de forma pacífica. Sin embargo, también se reconoció queactualmente no hay garantías para que esa participación política sea una realidad.

Seguridad en ColombiaUn nuevo sistema electoral, un estatuto de la oposición y un Estado garante de la vida de los opositores, sin estigmatización, fueron las peticiones principales que se escucharon en el recinto, apoyadas por los partidos políticos y movimientos sociales.

Las voces fueron diversas. El presidente del Congreso, Roy Barreras, calificó el evento como un hecho de paz necesario y dijo que las FARC deben también hacer un gesto de paz y pedir perdón a sus víctimas. Reconoció la necesidad de una reforma política electoral que permita participar en política desde la oposición. A la vez se refirió a los enemigos de la paz y dijo que “son un puñado de agentes políticos que alimentan la guerra y se aprovechan de las naturales dudas de la gente”.

Por su parte, Clara López, presidenta del Polo Democrático, reiteró su respaldo a las negociaciones y pidió que además de esas reformas electorales necesarias, no queden en la impunidad los asesinatos de Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal y Carlos Pizarro.

En igual sentido, Ómer Calderón, vocero de la Unión Patriótica (UP), habló de la persecución que sufrió este partido político y dijo que no puede haber paz cierta y duradera si no se resuelve y repara el caso de la UP.

Sobre el mismo tema se refirió el representante a la Cámara, Iván Cepeda, hijo del reconocido dirigente de esa organización política, Manuel Cepeda, quien fue asesinado en 1994. “Es necesaria la democratización del acceso a los medios de comunicación colombianos, así como crear garantías para que nunca más se repita un exterminio similar al ocurrido contra la Unión Patriótica”, afirmó.

Otro que cerró filas a favor de la llegada a la democracia de los grupos insurgentes, es el senador conservador Hernán Andrade, quien sostuvo que para ello hay que profundizar las reglas electorales. Dijo estar de acuerdo con que miembros de las Farc lleguen al Congreso, aunque insistió en que los jefes militares de esa guerrilla no podrían ser quienes representen las ideas políticas, por sus posibles responsabilidades en delitos de lesa humanidad.

Héctor Riveros, director del Centro de Pensamiento Liberal del Partido Liberal, expresó que su partido está de acuerdo con que se reavive la personería jurídica de la Unión Patriótica, como un derecho de las víctimas y una plataforma legítima.

La senadora Piedad Córdoba, vocera del movimiento Marcha Patriótica [que a menudo ha ejercido como intermediaria entre los guerrilleros y el Gobierno], puso énfasis también en la necesidad de un estatuto de oposición y dijo que los acuerdos entre las FARC y el Gobierno van más allá de la mesa de La Habana, no se agotan con la desmovilización y el desarme y en unas curules [escaños] para los jefes de las FARC.

También pidió garantías para hacer política y que se declare delito la conducta de estigmatización política, “porque de lo contrario sólo pueden hacer política quienes estén en la cúpula de los partidos, los de siempre”. Según Córdoba, los cambios al sistema electoral y al estatuto de la oposición se deben hacer antes de que se llegue a una eventual constituyente, porque con las reglas actuales se puede perder la participación de las voces disidentes o marginales.

Por su parte, Antonio Navarro, exmilitante del M-19 que hace 20 años dejó las armas, consideró que “este foro da la oportunidad para que la sociedad civil se integre al proceso de paz y se haga oír en Cuba y el mundo”. “Actualmente Colombia tiene condiciones para la participación política de quienes dejen las armas. Es necesario mejorar las garantías electorales y la financiación de campañas”, dijo Navarro, quien tras un proceso de paz en 1990 con el M-19, se ha desempeñado como ministro, gobernador, alcalde y congresista.

En un recinto diverso, con la presencia de los campesinos —que pidieron no estigmatizar las zonas de reserva campesina— y los afros y mujeres —que exigieron una presencia real en el proceso de paz y en los espectros políticos—, se debatió con una idea clara y presente: el país quiere apostarle a la paz. El foro sobre participación política ha finalizado este miércoles. El informe con las propuestas de este encuentro lo tendrán en un mes los negociadores de La Habana.// La información


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