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jueves, agosto 29, 2013

Para los expertos, sí. Pero hace falta regulación para evitar excesos y malos manejos.

La revelación hecha por los voceros de la red social Facebook este miércoles sobre 41 cuentas de esta red social en Colombia que han sido espiadas por órdenes de las autoridades, desató inquietud sobre la legalidad de este tipo de procedimientos y cómo están reglamentados para evitar excesos.

Según los datos divulgados, por lo menos 38.000 de los 1.150 millones de usuarios con cuentas activas fueron espiados por órdenes de 74 gobiernos durante el primer trimestre de este año.

Internet en ColombiaEn Colombia- dice el informe- durante ese lapso las autoridades judiciales y de Policía del Gobierno Nacional realizaron 27 solicitudes a Facebook para intervenir 41 cuentas de usuarios.

ELTIEMPO.COM consultó con un experto en la materia, quien señaló que, en efecto, espiar cuentas de Facebook es legal y se puede hacer de dos formas diferentes. La primera es a través de un proceso judicial, lo que técnicamente se conoce como ‘búsqueda selectiva en base de datos’ y que está regulada por la ley 909.

En estos casos, si el Fiscal tiene pruebas de que a través de esta red social se ha cometido un delito, como por ejemplo extorsión, hace la solicitud ante un juez de garantías para que se autorice y se envíe directamente a Facebook, vía correo electrónico, la petición de datos requeridos.

“Los directivos de esa red social tienen unas políticas de ayuda a los estados en estos casos y pasan esa información. Además, y es algo que casi nadie sabe, todo lo que un usuario elimina de su cuenta permanece vivo durante tres años. Las publicaciones, las direcciones desde donde accede, cómo accede, las fotos, todo”, explicó Andrés Guzmán Caballero, abogado certificado en informática forense y CEO de Adalid Corp.

La segunda forma es a través de los servicios de inteligencia. En este caso no media orden judicial alguna sino que es directamente la autoridad de inteligencia la que se encarga de hacer las solicitudes para compartir información.

Y es precisamente en ese caso donde, explica Guzmán, se presentan los mayores problemas por falta de reglamentación: “En Colombia, como la ley de inteligencia se cayó, no sabemos cómo se hace ese tipo de trabajo. Para mí, como especialista en la materia, es un misterio. De hecho, en Colombia no existe control alguno sobre la inteligencia informal”.

Muy pocas investigaciones en el país

Uno de los temas que más preocupan a las autoridades frente a los delitos que se pueden cometer a través de las redes sociales es la cantidad de suplantaciones y perfiles falsos que se crean a diario y que se usado para cometer desde extorsiones hasta asesinatos.

Uno de los casos más recordados es el de Ana María Chávez, estudiante de arquitectura de la Universidad Javeriana, quien en 2009 fue asesinada por dos sujetos que conoció en Facebook, identificados como John Molina (alias 'Chiqui locomotion') y Juan Sebastián Obando (alias 'Sebas'). Los delincuentes lograron ganarse la confianza de la joven, la visitaron en su casa, la robaron y luego la asfixiaron con una almohada.

“Casos como el de Ana María muestran que las autoridades deben usar más los convenios y las políticas que tienen estas redes sociales al respecto. Es penoso que, con esa cantidad de posibles delincuentes en la red, no se estén investigando y siguiendo muchas más cuentas sospechosas donde puede haber información relevante para el país”, agregó Guzmán.

Ahora bien, ¿tiene una persona derecho a saber cuándo su red social está siendo ‘espiada’? El experto considera que, si se trata de una indagación judicial, hay una jurisprudencia al respecto que lo permite: “El usuario tiene derecho a ir al llamado control de legalidad de las pruebas practicadas. Si la persona sabe que se le abrió una investigación, puede obligar al fiscal a que lo invite a la audiencia de legalización de este tipo de información para cerciorarse de que haya sido obtenida de acuerdo con la ley y hasta controvertirla. Pero en el 99% de los casos nadie se entera de que sus datos están en manos de entidades del Estado”, remató.// El Tiempo (COM)


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