En enero de 1990, los “extraditables” anunciaron, en un comunicado difundido en Medellín, que estaban dispuestos a deponer las armas, a suspender el tráfico de cocaína y a reconocer al Estado de Derecho en Colombia, todo ello a condición de que se aceptara su reinserción en la sociedad.
El 11 de marzo, los colombianos protagonizaron unas elecciones legislativas y municipales marcadas por transformaciones tanto de forma como de fondo: por primera vez se elegía popularmente un candidato liberal a la Presidencia y por primera vez, un movimiento guerrillero –el M-19–, transformado en movimiento político, se convertía en opción democrática en las urnas. De acuerdo con los resultados, César Gaviria, candidato liberal a la Presidencia, obtenía el 60% de los votos, reafirmando y aumentando su partido la mayoría en muchas administraciones locales y obteniendo también la mayoría de las alcaldías del país, entre ellas las de Bogotá y Medellín.
Pero la novedad fue el 8% de los votos que el candidato a la Presidencia por el antiguo M-19, Carlos Pizarro, obtenía en Bogotá. El asesinato de Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la izquierdista Unión Patriótica, perpetrado el 22 de marzo de 1990, provocó una grave crisis política. Cuatro días después, el ministro de Gobierno, Carlos Lemos, renunció a su cargo tras perder el apoyo del Gobierno y de su partido. Lemos, dos días antes de la muerte de Jaramillo, había afirmado que la UP (Unión Patriótica) era el brazo político de las FARC. El 26 de abril era igualmente asesinado Carlos Pizarro León-Gómez, de 38 años, candidato a la Presidencia por el antiguo grupo guerrillero M-19, apoyado por una coalición centroizquierdista, la Alianza Democrática. El 27 de mayo, compitieron por la Presidencia el liberal César Gaviria, ex ministro de Interior del Gobierno de Virgilio Barco; Antonio Navarro (sucesor de Carlos Pizarro, segundo comandante del M-19 y líder de la Alianza Democrática, centroizquierdista); Rodrigo Lloreda, social conservador; Álvaro Gómez, conservador nacionalista y ocho candidatos más. El vencedor, con el 47,5% de los votos, fue César Gaviria quien tomó posesión de su cargo el 7 de agosto de 1990 y puso inmediatamente en marcha un programa de renovación política que condujo a la creación de una Asamblea Nacional Constituyente y a la disolución del Congreso elegido el 11 de marzo. El programa presidencial incluía como puntos prioritarios la pacificación del país, la apertura y liberalización de la economía y el aumento de la participación política de los ciudadanos. Colombia sostuvo reiteradamente que el narcotráfico era un problema internacional que no podía ser examinado únicamente desde el punto de vista de la oferta de los países productores sino también desde el de la demanda creada por los consumidores de Estados Unidos y Europa. Desde septiembre de 1990 se planteó una nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico. Esta permitía que los traficantes de droga, sujetos a extradición, que se entregaran a las autoridades colombianas y que confesaran al menos un delito, serían juzgados en Colombia y no extraditados a Estados Unidos e incluso se les reducirían las penas a aquellos que colaboraran.
De este modo, traficantes tan importantes como los hermanos Ochoa y Pablo Escobar se entregaron entre finales de 1990 y junio de 1991. No obstante, pese a que el cártel de Medellín sufrió un duro golpe, grupos como el cártel de Cali continuaron sus actividades delictivas. El 27 de octubre de 1991, se celebraron elecciones generales al nuevo congreso (constituido por el Senado y la Cámara de Representantes), eligiéndose al propio tiempo a los gobernadores departamentales. Estas elecciones tenían gran trascendencia, pues los nuevos miembros serían los encargados de interpretar la reciente Constitución de 1991 que sustituía a la de 1886. La concurrencia a las urnas se caracterizó por la presencia de las fuerzas políticas tradicionales pero fraccionadas en numerosas listas y agrupaciones. Así, de tendencia conservadora se presentaron: Nueva Fuerza Democrática (NFD), Movimiento de Salvación Nacional (MSN) y un grupo de independientes. Frente a ellos, la Alianza Democrática M-19 (ADM-19), el Partido Comunista (PC) y una facción de la Unión Patriótica (UP). La característica más significativa de las elecciones fue la abstención que sobrepasó el 67% del censo. De un total de 102 escaños del Senado, el Partido Liberal obtuvo 58 y 87 en la Cámara de Representantes de los 161 que la componían. La Nueva Fuerza Democrática consiguió 9 escaños en el Senado y no presentó ningún candidato para la Cámara. El Movimiento de Salvación Nacional sufrió una derrota en el Senado logrando sólo 5 escaños, frente a los 14 obtenidos en las elecciones anteriores. Otro tanto sucedió con la Alianza Democrática M-19, que sólo obtuvo 9 escaños en el Senado y 14 en la Cámara. Por último, los representantes del PC en la Cámara fueron 3 y 1 en el Senado. Por lo que se refiere al problema de la violencia, el presidente Gaviria estuvo empeñado en lograr la paz y para ello mantuvo un diálogo con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolivar (CGSB), que aspiró a participar en las nuevas instituciones del país, cuestión ésta que entrañaba innumerables dificultades. El CGSB estaba compuesto por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los dos grupos rebeldes más antiguos del continente americano, y una facción del Ejército Popular de Liberación (EPL) que entregó las armas en marzo de 1991. Las conversaciones entre guerrilleros y Gobierno comenzaron en junio de 1991 en Caracas, donde se volvieron a reunir de nuevo ese mismo año, pero se trasladaron a México tras el fallido golpe de estado producido en Venezuela en febrero de 1992. En esta tercera ronda celebrada en Tlaxcala
(México) en marzo de 1992, las conversaciones fueron suspendidas hasta finales de octubre, ante la ausencia de resultados.
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